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La Extradición En Colombia

Autor: Ulises Casas Jerez [casasulises@hotmail.com].
Crítica Política Numero: 125.
Fecha: 01 de Diciembre de 2004.

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El fenómeno de la extradición ha vuelto a ser materia de debate debido a que se ha presentado una situación un tanto paradójica: dos miembros de organizaciones armadas antagónicas aparentemente han coincidido en que no sean enviados a los Estados Unidos una vez que la Corte Suprema ha dado su asentimiento al pedido. Los señores Mancuso y Palmera, alias Simón Trinidad, miembro el primero de las Autodefensas y el segundo de las FARC, se encuentraban a las puertas de ser enviados a los Estados Unidos país que los solicita en extradición por el delito de narcotráfico. El primero no puede ser objeto de esa medida por cuanto se encuentra en conversaciones o diálogos de paz con el gobierno; pero el segundo no tenía condiciones para suspender la resolución de extradición. Sin embargo, el primero, el Sr. Mancuso, había dicho que es partidario de que Palmera o Trinidad tampoco sea extraditado pues se alejaría la posibilidad de conversaciones de paz con su organización, las FARC.

Curiosa coincidencia que se debe a encontrarse los dos en circunstancias parecidas; pero a la vez, es un indicio sobre la posibilidad de liquidar el enfrentamiento armado entre esas dos organizaciones que vienen asolando al país de hace ya mucho tiempo causando miles y miles de muertes en forma absurda ya que, en este momento, ninguna de las organizaciones en armas que hay en Colombia tienen legitimidad política alguna.

De ser un fenómeno de derecho internacional de causas delincuenciales, el fenómeno de la extradición ha tomado carácter político en Colombia debido a que la delincuencia penetró estamentos que abanderan supuestos proyectos políticos. En efecto, los sectores armados que en un comienzo tuvieron motivaciones políticas han devenido en actividades predominantemente delincuenciales debido a su involucración en lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico y el secuestro extorsivo por motivos puramente económicos. Tanto los denominados movimientos revolucionarios armados como las autodefensas que generaron aquellos, se vienen financiando con el negocio de los psicotrópicos, el secuestro y otros delitos más. Como los unos y los otros alegan razones políticas para su existencia, su juzgamiento, tanto por autoridades nacionales como internacionales trata de situarse, por parte de ellos, en el terreno de los delitos políticos.

Sin embargo, para los países que los piden en extradición esas razones no son válidas por cuanto el negocio del narcotráfico no es ni siquiera un delito conexo con delitos políticos en esos países; podría serlo en Colombia al alegar que ese negocio forma parte de una supuesta actividad política, pero esa razón tampoco se valida por el gobierno nacional.

El gobierno tiene, pues, un asunto muy complejo por resolver en este caso; con respecto a las autodefensas y sus jefes en diálogos de paz, la ley autoriza al Presidente para suspender las órdenes de captura que tienen pendientes; pero para los jefes o miembros de los movimientos guerrilleros que tienen orden de captura como extraditables, no hay norma que la prohiba o la pueda suspender. Así, pues, el Presidente determinó extraditar al señor Ricardo Palmera o Simón Trinidad al no darse siquiera respuesta a condiciones que exigía por parte de las FARC para no extraditarlo. Esto marca un nuevo paso en la confrontación política y armada entre el gobierno y esa organización. Lo que hay que tener en cuenta es que el Presidente fue elegido por una gran votación, precisamente, por su posición ante el movimiento armado en el sentido de combatirlo sin tregua alguna y abrir la posibilidad de diálogo con él sobre la base del cese de hostilidades. La conducta del Presidente es, entonces, coherente con su programa de gobierno así estemos o no de acuerdo con ese programa y con su forma de gobernar el país. Es fundamental ser objetivo en este sentido o de lo contrario todo análisis será subjetivo o parcializario.














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